El pasado 5 y 6 de febrero tuvo lugar el juicio contra la exalcaldesa del PP en Santa Úrsula Milagros Pérez Leóny su socio de gobierno Victor Hernández Barroso por presuntas contrataciones ilegales.
El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, acogió los días5 y 6 de febrero el juicio oralque sentó en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez(PP), y a quien fuera su socio en el gobierno municipal durante el pasado mandato, el edil Víctor Hernández (PSOE).
La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación especial para cada uno de los dos procesados, la misma pena que reclama la acusación popular, por dos delitos de prevaricación continuada en la contratación de un total de 20 personas en 2011 y 2012. El Ministerio Público concluye que los trabajadores fueron incorporados al Ayuntamiento tinerfeño sin respetar los procesos de selección establecidos por la legislación, además de quegran parte de los beneficiados mantenían alguna relación personal o política con los acusados.
Dos días de juicio y casi 40 testigos
Durante el juicio se pudo ver casos como los siguientes:
- Personas a las que tras acabarse el contrato recibían indemnizaciones de hasta 5.000 euros
- Otra que se puso en nómina para hacerle masajes al exteniente de alcalde.
- La contratación de una empresa que pertenece al familiar de un conocido columnista tinerfeño, pese a que el trabajador carecía de título de periodista.
- Contratación de la pareja sentimental del hermano de una concejal.
- Un barrendero que consiguió este puesto después de reunirse con la alcaldesa y de que esta le recomendara que acudiera a la empresa de trabajo temporal.
- Contratación de una psicologa para cubrir la baja de otra psicóloga habiendo una bolsa de psicólogos.
- Contratación de un pedagogo, hijo de un militante del PSOE, que llegó a presentar un proyecto valorado en 700.000€ en dos folios cuando el presupuesto de toda el área era de 500.000€.
- El matrimonio que no hablaba de trabajo. Un matrimonio en el que los dos participaron en la campaña del Partido Popular, es contratado por el marido, cuando se acaba ese plazo, es contratada la mujer, por una cuantía muy parecida los dos. Lo más simpático es que cuando se les preguntaba que hacía su marido o que hacía su mujer en el ayuntamiento, ninguno sabía lo que hacía el otro.
Declararon varios de los operarios bajo sospecha, quienes acabaron reconociendo que:
- El exteniente de alcalde les decía que la única manera que tenían de obtener un puesto era a través de un negociado sin publicidad.
- Un antiguo alumno de Barroso presentó un proyecto para discapacidad y finalmente acabó trabajando como capataz agrícola: «Víctor me dijo que la cosa estaba complicada y que la única manera que tenía era recurrir a la prestación de servicios».
- La hija de un militante socialista también accedió al puesto de arquitecta municipal después de realizar una simple entrevista: «No me pareció raro que no buscaran a otra persona porque tenía 25 años y no sabía cómo funcionaba el ayuntamiento». Su misión era acabar el Plan General de Ordenación (PGO) que años después sigue sin estar aprobado.
El fiscal que ha llevado la investigación es contundente en su escrito de acusación a la hora de describir los indicios delictivos que sentarán en el banquillo a Milagros Pérez y Víctor Hernández. Camuflados bajo la fórmula de contratos de servicios, los máximos responsables del Ayuntamiento de Santa Úrsula enchufaron a una veintena de trabajadores en contra de los criterios expresados por técnicos municipales y con «pleno conocimiento» de que sus resoluciones eran «contrarias a la legalidad vigente».
Los técnicos declaran que los acusados desoían sus advertencias
La secretaria, el abogado y el interventor del ayuntamiento confesaron ayer que se sorprendieron de la cantidad de contrataciones que hizo el grupo de gobierno PP-PSOE.
Los técnicos del Ayuntamiento de Santa Úrsula que comparecieron en la causa judicial contra la exalcaldesa Milagros Pérez León (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández Barroso (PSOE), por presunta prevaricación, desmontaron la defensa de los acusados.
Tanto la secretaria, como el interventor y el abogado del consistorio en el periodo que se juzga indicaron que, en muchas ocasiones, no se hizo caso a sus advertencias por la forma en la que se estaban llevando a cabo la veintena de contrataciones irregulares.
El método elegido era primero un acuerdo para servicios concretos y luego una contratación por el sistema de negociado sin publicidad. Lo curioso es que las personas elegidas en ambos casos eran las mismas, lo que no dejó de extrañarle, «pero luego pensaba que de las tres ofertas escogían la mejor».
Esta información es un resumen de artículo del El Díay Mirametv.com